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Laura López
Madrid, 16 may (EFE).- El primer mes de solicitudes para la regularización extraordinaria de inmigrantes ha dejado imágenes de largas colas para conseguir los documentos necesarios, atascos burocráticos por no poder acceder al certificado de antecedentes penales y un incumplimiento de plazos en muchos casos.
Despachos de abogados, miembros de la plataforma impulsora de la regularización, entidades sociales y solicitantes de la medida han explicado a EFE que muchas admisiones a trámite no están llegando en el plazo prometido y, las que lo hacen, no permiten a los beneficiarios trabajar aún, como prometió el Gobierno.
El Ejecutivo recibió en las primeras dos semanas unas 200.000 solicitudes para adherirse al proceso, que dará permiso de residencia por un año a alrededor de medio millón de personas que ya viven en España.
Aquellos primeros días dejaron imágenes de grandes colas a las puertas de las ONG y dependencias municipales autorizadas para expedir el certificado de vulnerabilidad, un requisito incluido en el último momento que solo es obligatorio aportar en algunos casos.
Una de las entidades que más afluencia recibió fue la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en cuya delegación en Madrid se acumularon largas colas de personas que incluso pasaban la noche allí para obtener su certificado.
La directora de CEAR, Mónica López, ha señalado que, un mes después, ya ha bajado «muchísimo» el flujo de personas que acuden y la atención se ha normalizado, aunque esperan un repunte a mediados de junio de quienes aún aguardan a sus antecedentes penales y otros documentos para hacer su solicitud.
El despacho de abogados especializado en extranjería Legalteam ha formalizado solicitudes para la regularización desde el primer día de plazo.
A pesar de que el Gobierno aseguró que en 15 días las personas recibirían la admisión a trámite de su solicitud, lo cierto es que esta primera comunicación están llegando «a cuentagotas», según ha señalado su director, Guillermo Morales.
El experto ha añadido que estas autorizaciones provisionales están llegando sin ningún orden -personas que lo solicitaron durante los primeros días no han recibido noticia mientras que ciudadanos que lo hicieron después ya tienen la comunicación- lo que está generando mucha «angustia» entre los beneficiarios.
Además, aunque este primer papel, en teoría, habilita a la persona a trabajar desde el momento de su recepción, en la práctica se han encontrado con que no incluye el número de afiliación para la Seguridad Social, que debe llegar un tiempo después por correo postal, lo que impide a los beneficiarios tener un empleo todavía.
De momento, en Legalteam no han recibido ninguna concesión definitiva de autorizaciones, para lo que hay hasta tres meses de plazo o incluso más si el solicitante demuestra tener problemas para obtener su certificado de antecedentes penales, pero profesionales como Morales dudan de que este plazo se vaya a cumplir.
En CEAR sí están recibiendo las admisiones a trámite a tiempo pero están detectando otros problemas, como dificultades para conseguir cita para hacer la solicitud presencial y limitaciones para formalizar las peticiones por la plataforma, ya que cada abogado pueda tramitar, como máximo, cinco al día.
A estas trabas se añade la dificultad de conseguir el certificado de antecedentes penales para las personas procedentes de algunos países.
El real decreto contempla que, si el beneficiario no obtiene respuesta después de un mes, podrá demostrar que lo ha intentado y entonces será el Gobierno de España el que lo solicite por la vía diplomática. Si pasados tres meses el Ejecutivo tampoco lo consigue, la solicitud será desistida.
Pero esta vía no funciona, en opinión de Guillermo Morales, para algunos países donde es prácticamente imposible conseguir un documento que certifique que se han pedido los antecedentes: «Nos preocupa muchísimo la situación de auténtica vulnerabilidad de los cubanos, que probablemente se van a ver imposibilitados de poder acogerse», ha advertido.
Estos problemas se extienden a otros Estados como Argelia, donde, según explica Redwan Baddouh, de Regularización Ya, la plataforma impulsora de la medida, la embajada española no permite la legalización del certificado al ofrecer citas para fechas posteriores al fin del plazo de la regularización, el próximo 30 de junio.
La portavoz de Regularización Ya, Vicky Columba, asegura que durante este primer mes son las pequeñas entidades las que han «suplido» el rol de las administraciones, que, hasta hoy, «no se aclaran» sobre ciertos aspectos del proceso, como la expedición del certificado de vulnerabilidad o el histórico del empadronamiento.
Desde la plataforma exigen una ampliación del plazo para hacer las solicitudes por todos estos problemas que han surgido y el fin de las deportaciones: «No se puede regularizar con una mano y deportar con la otra firmando acuerdos millonarios con aerolíneas que se lucran de las personas migrantes», ha lamentado.
La red también ha dedicado buena parte de sus recursos a «calmar la ansiedad» de personas que, recuerda, se ven «amenazadas» por los «recursos interpuestos ante la Justicia por los grupos ultras», que les empuja a pagar «altísimos costes a abogados y aprovechados» para adelantar sus trámites.
Columba se ha referido así a los cinco recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo para frenar la regularización por parte de la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros.
El próximo 22 de mayo, el Alto Tribunal celebrará cinco vistas para escuchar a los recurrentes y a la Abogacía del Estado y después decidirá si acepta su petición de parar todo el proceso cautelarmente hasta que resuelva sobre el fondo del asunto. EFE
(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023467798)
La Corte Suprema de Estados Unidos ha desestimado este viernes la petición de emergencia presentada por las autoridades demócratas de Virginia para instaurar un nuevo mapa de distritos electorales que habría favorecido al Partido Demócrata en las elecciones legislativas de mitad de mandato, en un nuevo episodio de la batalla judicial abierta en el país por la redistribución electoral.
La decisión del Supremo, adoptada sin votos discrepantes y mediante una breve orden –sin firmar– de una sola frase, supone un revés para la estrategia demócrata en Virginia, donde el rediseño de los distritos podía traducirse en hasta cuatro nuevos escaños para el partido en la Cámara de Representantes.
El caso llegaba al alto tribunal estadounidense después de que el Tribunal Supremo de Virginia suspendiera recientemente el referéndum que daba cobertura al nuevo mapa electoral, al considerar que el procedimiento legislativo utilizado para aprobar la reforma constitucional vulneró la legislación estatal. Según el tribunal estatal, la Asamblea Legislativa aprobó la medida cuando el voto anticipado para las elecciones ya había comenzado, incumpliendo así los requisitos previstos por la Constitución de Virginia.
La controversia se remonta a abril, cuando las autoridades estatales aprobaron un nuevo mapa electoral que, según estimaciones recogidas por los medios estadounidenses, habría reducido notablemente la representación republicana en el estado, permitiendo a los demócratas aspirar a cuatro congresistas adicionales. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de «fraudulenta» la consulta impulsada por los demócratas para sacar adelante la distribución de distritos.
En su recurso ante el Supremo federal, los responsables demócratas de Virginia sostuvieron que la interpretación realizada por el tribunal estatal era «profundamente errónea» y tenía «una profunda importancia práctica para la nación», al afectar al equilibrio político de la Cámara de Representantes.
Los demandantes defendían además que los tribunales estatales habían interpretado de forma incorrecta el concepto de «elección» recogido en la legislación federal, argumentando que este término hace referencia exclusivamente al día oficial de votación y no al período de voto anticipado. Alegaron también que la decisión judicial invadía competencias reservadas a las legislaturas estatales para regular las elecciones federales.
No obstante, numerosos expertos jurídicos ya anticipaban escasas posibilidades de éxito para la apelación, dado que el Tribunal Supremo de Estados Unidos suele evitar intervenir en interpretaciones de derecho estatal realizadas por los tribunales supremos de cada estado.
La propia gobernadora de Virginia, la demócrata Abigail Spanberger, había admitido esta semana que el estado continuaría adelante con los mapas anteriores independientemente de la decisión del Supremo federal, según declaraciones recogidas por la cadena.
El fallo llega además en pleno debate nacional sobre la redistribución de distritos electorales y el impacto político de las recientes decisiones judiciales. En las últimas semanas, el Supremo estadounidense –de mayoría conservadora– ha autorizado también nuevos mapas electorales en estados como Louisiana y Alabama, decisiones que han sido interpretadas en términos generales como favorables al Partido Republicano.
Asimismo, el conflicto sobre los distritos electorales se ha intensificado desde que el Supremo dictó a finales de abril una sentencia que limitó el alcance de la Ley de Derechos Electorales de 1965, una resolución que abrió la puerta a nuevos procesos de redistribución impulsados por legislaturas estatales republicanas antes del próximo censo federal, ha apuntado CNN. Desde entonces, varios estados del sur han iniciado modificaciones de sus mapas electorales e incluso alterado calendarios de elecciones primarias
Redacción Internacional, 16 may (EFE).- Funcionarios estadounidenses sospechan que «hackers» iraníes están detrás de una serie de intrusiones en sistemas que monitorean la cantidad de combustible en tanques de almacenamiento que abastecen a gasolineras en varios estados, informó la CNN.
Los «hackers» exploraron sistemas de medición automática de tanques (ATG) que estaban conectados a internet y sin protección de contraseñas, lo que les permitió, en algunos casos, manipular las lecturas en las pantallas de los tanques, pero no los niveles reales de combustible, asegura la CNN, que cita fuentes informadas sobre las situación.
No se tiene constancia de que las intrusiones cibernéticas hayan causado daños físicos, pero las intrusiones han generado preocupación por la seguridad, ya que, en teoría, el acceso a un ATG podría permitir a un «hacker» provocar una fuga de gas sin ser detectada, según expertos privados y funcionarios estadounidenses.
Las fuentes indicaron que el historial de Irán de atacar los sistemas de tanques de gas le convierte en uno de los principales sospechosos. Sin embargo, advirtieron que el gobierno estadounidense podría no ser capaz de determinar con certeza quién fue el responsable debido a la falta de pruebas forenses dejadas por los «hackers».
De confirmarse la participación de Irán, sería el caso más reciente de Teherán amenazando la infraestructura crítica en territorio estadounidense, que permanece fuera del alcance de los drones y misiles iraníes, en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán.
La campaña de ciberataques también representa una advertencia para muchos operadores de infraestructura crítica en Estados Unidos, quienes han tenido dificultades para proteger sus sistemas a pesar de años de exhortaciones federales. EFE
Las compañías tecnológicas Google, Snapchat y TikTok han alcanzado este viernes un acuerdo extrajudicial, evitando así el primer juicio programado en Estados Unidos en el que un distrito escolar las acusaba de «promover la adicción» a las redes sociales y que pretendía obligarles a sufragar los costes de los programas de salud mental para combatir la crisis de ansiedad y adicción digital que, según los denunciantes, fueron provocadas por las empresas.
Por el momento, no se han revelado los detalles financieros ni las condiciones del pacto, que dirime las reclamaciones presentadas por el distrito escolar de Breathitt, al este de Kentucky, ante un tribunal federal de Oakland, California. Este mismo tribunal mantiene abierto otro proceso legal por la misma causa contra Meta, cuyo juicio está programado para comenzar el próximo 15 de junio.
«Este asunto se ha resuelto amistosamente y nuestro objetivo sigue siendo desarrollar productos adecuados para cada edad y controles parentales que cumplan con esa promesa», ha expresado un portavoz de YouTube en un comunicado.
El juicio servirá de precedente para más de 1.200 demandas similares registradas en todo el país, en las que los distritos escolares alegan que las principales empresas de redes sociales han perjudicado tanto a los estudiantes que están socavando el sistema educativo. La avalancha de demandas podría exponer a las empresas tecnológicas a una «responsabilidad teórica colectiva de casi 344 mil millones de euros», según una estimación de Bloomberg Intelligence.
«Durante más de una década, hemos desarrollado YouTube de forma responsable, colaborando con profesores, administradores y asociaciones de padres para ofrecer a los estudiantes una experiencia en línea más segura y útil», ha afirmado la portavoz.
Por otro lado, un portavoz de Snap, la empresa motriz de Snapchat, ha celebrado que las partes involucradas hayan «sido capaces de resolver este asunto de forma amistosa».
