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Marta Ostiz
Madrid, 24 may (EFE).- La imposición de fianzas millonarias en casos de delitos graves como el de homicidio -por el que se investiga en Cataluña a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango- es un recurso de los jueces para evitar que los acusados huyan de la acción de la Justicia al tener que depositar elevadas cantidades, con lo que buscan ejercer un efecto disuasorio.
Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango quedó el pasado martes en libertad provisional tras depositar la fianza de un millón de euros que le impuso la jueza, tras tomarle declaración como investigado por un delito de homicidio por su presunta relación con la muerte de su padre Isak, en 2024.
En apenas minutos, tras notificársele el auto de la jueza instructora, Jonathan Andic consignó, por transferencia, el millón de euros de fianza y ha salió en libertad de los juzgados.
La imposición de una fianza tan elevada tiene un único objeto: que sea lo suficientemente disuasoria como para que el acusado se lo piense dos veces antes de huir de la Justicia.
Así lo detalla a EFE el catedrático de Derecho penal de la Universidad Carlos III Jacobo Dopico.
«La fianza se impone como modo de garantizar que el investigado no se sustraiga al procedimiento». De esta manera, debe ser una cantidad suficientemente alta como para que genere un efecto disuasorio, es decir, que el acusado pierda una cantidad de dinero muy importante en caso de que decida huir.
Pero, al mismo tiempo -añade- esta fianza tiene que poder ser pagada, ya que fijar una fianza imposible de sufragar es tanto como no permitir la libertad provisional del sujeto.
Para calcularla, por tanto, es necesario tener en cuenta la capacidad económica del sujeto, pero también la posible pena a la que se enfrenta el acusado.
En el caso de Jonathan Andic, se trata de un delito de homicidio por su presunta relación con la muerte de su padre en diciembre de 2024, al despeñarse por un camino de montaña en Collbató (Barcelona) durante una excursión en la que él era el único acompañante.
Las penas que podría afrontar, por tanto, el hijo de Andic, son altas y el riesgo de huida también, máxime al ser una persona que cuenta con medios económicos suficientes.
El depósito de una fianza, no obstante, no es una garantía absoluta que evite la huida. Dopico explica que existen medios complementarios, gracias a los avances tecnológicos, que permiten garantizar la presencia de los investigados en los procedimientos judiciales de una manera mucho más efectiva.
Por alta que parezca, la fianza impuesta a Jonathan Andic no es de las más elevadas que la Justicia española ha establecido en el ámbito penal.
La mayor fue la de 50 millones de euros impuesta en diciembre de 2012 por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a Ángel de Cabo, propietario de Marsans y Nueva Rumasa. Fue rebajaba inicialmente a 15 millones de euros y, finalmente, a 300.000 euros por su colaboración con la justicia.
En el mismo procedimiento, el juez impuso 30 millones de fianza al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y a Iván Losada, estrecho colaborador de Cabo. La fianza a Díaz Ferrán fue reducida posteriormente a 10 millones y la de Losada, a tres.
Esa cantidad de 30 millones de euros iguala a la impuesta en junio de 1999 a Javier de la Rosa en el caso Torras (5.000 millones de pesetas). Posteriormente rebajada a 3 millones de euros.
Los empresarios Alberto Cortina, Alberto Alcocer y Rafael Montes tuvieron que pagar de forma conjunta, en marzo de 1998, 24 millones de euros (4.080 millones de pesetas) para eludir su ingreso en prisión por el caso Urbanor.
A Francisco Correa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le impuso en junio de 2011 una fianza de 15 millones de euros como supuesto responsable de la trama Gürtel, posteriormente rebajada a 200.000 euros.
Mientras, al exfutbolista Dani Alves se le impuso en marzo de 2024 un millón de euros a la espera de que fuera firme la sentencia que le había condenado a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca. Finalmente fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. EFE
(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023522042)
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la captura de José Dolores “N”, señalado como probable responsable del delito de homicidio cometido en agravio de un hombre en el municipio de Almoloya del Río, en la zona sur del Valle de Toluca.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la autoridad mexiquense, el crimen ocurrió durante julio de 2023, cuando el ahora detenido arribó junto con otro individuo a un inmueble donde se encontraba la víctima. Tras ubicarla, ambos comenzaron una discusión que terminó en un ataque armado.
Las primeras indagatorias de la FGJEM señalan que José Dolores “N” presuntamente sacó un arma de fuego durante la confrontación y disparó en contra del hombre, causándole la muerte. Después de cometer la agresión, el sujeto huyó del lugar junto con su acompañante.
Tras tener conocimiento de los hechos, el Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el homicidio y localizar a los responsables. Como parte de las diligencias, agentes de la Policía de Investigación recopilaron datos de prueba que permitieron identificar a José Dolores “N” como uno de los probables implicados.
Con la información obtenida, el Ministerio Público solicitó a un juez librar una orden de aprehensión en contra del individuo por el delito de homicidio, mandato judicial que posteriormente fue cumplimentado por elementos de la Fiscalía mexiquense.
La FGJEM detalló que las líneas de investigación han permitido identificar a José Dolores “N” como posible integrante de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán y con presencia en la región del Valle de Toluca.
Aunque las autoridades no precisaron el nombre de la organización criminal, señalaron que el detenido podría estar relacionado con actividades ilícitas en distintos municipios de la zona.
El combate a grupos criminales que operan en el Estado de México se ha convertido en una de las prioridades de las corporaciones de seguridad y procuración de justicia, principalmente en regiones donde se han registrado hechos violentos relacionados con disputas territoriales y delitos de alto impacto.
Luego de su captura, José Dolores “N” fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.
Será un juez quien determine su situación legal en las próximas horas, con base en las pruebas aportadas por el Ministerio Público.
La Fiscalía mexiquense recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, el detenido debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad competente.
En caso de ser encontrado culpable por el delito de homicidio, José Dolores “N” podría alcanzar una pena de hasta 70 años de prisión, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal del Estado de México.
La FGJEM reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones para combatir delitos de alto impacto y detener a personas relacionadas con actos violentos en territorio mexiquense.
